viernes, 22 de julio de 2011

«¿Dónde está el dinero que Franco nos robó?»

ASTURIAS

«¿Dónde está el dinero que Franco nos robó?»

2.000 familias de toda España reclaman los fondos requisados por el gobierno franquista en plena Guerra Civil: 5.300 millones de euros

19.07.11 - 02:41 -
Aparece con un fajo de billetes. Eran los que su padre, Ramón Grada Viejo, Ramón 'El Chato', «aunque de chato no tenía nada», corresponsal de prensa, distribuidor de periódicos y de mercancías desde la estación de ferrocarril de Trubia a los comercios de la localidad ovetense con un caballo y un carro, apasionado del fútbol, «obrero» según consta en su DNI, guardaba en un cajón. Billetes de cien, de cincuenta, de cinco pesetas. Dinero inmaculado de 1925.
«Ahora pienso que lo escondió para poder mantenernos, que era lo poco que consiguió salvar», cuenta el hijo de 'El Chato', Julio César Granda, 80 años, miembro de una de las casi 2.000 familias de toda España que esperan recibir el dinero que el Gobierno franquista les incautó en el mayor expolio perpetrado por el régimen: 5.300 millones de euros al cambio actual.
Así lo constata un papel que César encontró junto a los billetes, que acredita que, en plena Guerra Civil, el 27 de agosto de 1938, un decreto del Ministerio de Hacienda del gobierno franquista ordenó la prohibición de «la tenencia de papel moneda puesto en curso por el enemigo», según reza el Boletín Oficial del Estado.
A raíz de ese decreto, cientos de ciudadanos de todo el país tuvieron que entregar sus ahorros al Banco de España u otras entidades bancarias donde, a cambio, se obtendría un comprobante, con sello y número, que serviría más tarde para obtener la misma cantidad en moneda franquista.
Era dinero rojo, según el documento que César Granda conserva como un tesoro, una cuartilla encabezada con la frase 'Fondo de papel moneda puesto en circulación por el enemigo'. La prueba de que, el 3 de noviembre de 1938, «III Año Triunfal», Ramón 'El Chato', depositó en la sucursal del Banco Herrero en Trubia «para su entrega en el Banco de España» la cantidad de «diez mil ciento sesenta y cinco» pesetas. 10.165 pesetas del año 1938 que, según los cálculos de Julio César Granda, equivalen a «cuarenta y pico mil euros de ahora».
«Espíritu diligente»
Como él, en nombre de su padre ya fallecido, las familias de los incautados piden la restitución de su patrimonio. Familias que, tras cada comprobante amarillento, han vivido historias de quiebras, dotes de matrimonio que nunca llegaron a su destino, pequeñas fortunas malogradas. Porque fueron miles las personas que nunca pudieron canjear aquel recibo.
La causa: los requisitos para devolver el dinero eran el caldo de cultivo para el miedo a las represalias. Con un lenguaje funcionarial, el decreto franquista advertía de que el canje sería en función «del espíritu diligente» del solicitante. Además, su trayectoria política debería estar debidamente avalada, lo que suponía un eficaz sistema disuasorio para los reclamantes del bando derrotado.
Todas estas familias se unieron, en el año 2005, en la Agrupación de Perjudicados por la Incautación Franquista (APIGF), que acaba de celebrar en Barcelona su encuentro anual.
En estos seis años, la APIGF ha recogido copias de todos los recibos que certifican oficialmente el dinero que estas familias tuvieron que entregar a la fuerza. Entienden que su valor no ha prescrito. Que el documento es válido y, por eso, reclaman al Gobierno que se devuelva el dinero requisado.
Todas ellas se quedaron al margen de la Ley de Memoria Histórica, aprobada en la primera legislatura de Zapatero, y habían llegado a ser más de 2.500. El problema es que «muchos se están muriendo porque ya son mayores, y ya no podrán nunca recuperar el dinero que les incautaron», lamenta una de las impulsoras de la asociación, la catalana Lídia Jiménez.
Tres euros por peseta
Jiménez asegura que llevan años trabajando con los grupos del Congreso para lograr una iniciativa parlamentaria que les ayude. Y, de hecho, ERC y CIU solicitaron en la Comisión de Economía una propuesta para establecer compensaciones según una estimación de tres euros por cada peseta republicana incautada. Sin embargo, fue rechazada con los votos del PSOE y PP y el tema quedó aparcado. Así que, como la situación está «enquistada», la APIGF contempla llevar el caso ante la Justicia europea.
Recuerdan que países como Alemania ya han indemnizado a las víctimas de los nazis y a aquellos cuyos bienes y ahorros fueron requisados. Y a César el objetivo se le antoja a la vez «difícil y fácil»: «Es difícil porque ya pasó mucho tiempo, pero es fácil porque ese dinero tiene que estar en alguna parte. Queremos saber dónde está el dinero que Franco nos robó. Y, lo consigamos o no, hay que intentarlo. Siempre es mejor luchar, aunque mueras en la orilla».

lunes, 18 de julio de 2011

Franquismo: una herida que no cierra

Franquismo: una herida que no cierra

A 75 años del alzamiento del Generalísimo. Organizaciones de DD. HH. de España siguen reclamando justicia por los crímenes cometidos en el régimen de Franco.

España sigue exigiendo castigo para los crímenes del franquismo. Mañana se cumplen 75 años desde que Francisco Franco se levantara contra el gobierno de la República e iniciara una guerra que duró tres años y dejó miles de muertos, desaparecidos y exiliados. Después de la guerra, llegó la pesadilla de la dictadura. Los crímenes cometidos durante las casi cuatro décadas de dominio de Franco siguen siendo deudas que la democracia ibérica aún no pudo saldar.
Desde 1931–con algunas interrupciones–, España intentó arrancarse las cadenas de la monarquía. El experimento terminó en una república democrática, laica, que consagraba el sufragio universal y que devolvía a las autoridades eclesiásticas a las iglesias. El proceso duró poco. Los militares se levantaron en julio de 1936 contra el gobierno republicano. La guerra contra la población civil desangró durante tres años al país. Con el apoyo de los regímenes italiano y alemán, Franco sepultó en 1939 las esperanzas republicanas y se perpetuó en el poder hasta su muerte, en 1975. Ciento noventa mil muertos, 150 mil desaparecidos en más de 2.000 fosas comunes y un número semejante de hombres y mujeres que huyeron de su tierra componen una imagen del horror con el que Franco trató de moldear a España hasta convertirla en un territorio en cautiverio.
“Se emprendió una guerra de terror, premeditada, intencionada, sistemática y que tenía como objetivo exterminar a medio país. El propósito no era sólo tomar las instituciones, sino sembrar el terror y dejar la sensación de dominio, erradicando el republicanismo democrático en España”, explicó a este diario Miguel Rodríguez Arias, profesor de Derecho Penal y autor del libro El caso de los niños perdidos del franquismo: crimen contra la humanidad.
Organizaciones de memoria histórica reclaman que el Estado español haga en este 75° aniversario una condena pública del franquismo. Emilio Silva Barrera es periodista y hace poco más de diez años rescató los restos de su abuelo de una de las tantas fosas comunes. Silva preside la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica (Armh), que el mes pasado envió una carta al presidente del Congreso español, José Bono, para reclamarle que el pleno del Parlamento condene el día del alzamiento de Franco y que se retiren del Congreso los cuadros de los presidentes parlamentarios durante la dictadura franquista. “En España se ilegalizan partidos porque no condenan la violencia, pero el Estado se permite tener esos retratos, con los que de alguna manera brinda su triunfo a los franquistas. También en Madrid hay una plaza del Caudillo o un Arco de la Victoria, dedicado al triunfo de Franco. Desde el Estado se ejerce una doble moral”, remarcó Silva a Miradas al Sur.
“En el Parlamento español se conmemora el Día del Holocausto, el Día de las Víctimas del Terrorismo, pero no hay ningún tipo de conmemoración para las víctimas más numerosas en España que son las del franquismo”, denunció. En el escrito entregado a Bono, el organismo también remarca que el Parlamento estuvo ajeno al debate sobre las fosas comunes, que en su mayoría siguen sin ser abiertas. Si bien en mayo el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero cumplió con la publicación de un mapa que muestra dónde están los enterramientos clandestinos, la identificación de los cuerpos avanza con paso cansino y quedó en manos de las familias, como la dispuso la criticada ley de Memoria Histórica, vigente desde 2007.
Otros de los que se quejan porque su reclamo no está contemplado dentro de la norma reparatoria aprobada durante la presidencia de Zapatero son los cerca de 2.000 integrantes de la Asociación de Perjudicados por la Incautación del Gobierno Franquista. En 1938, el Ministerio de Hacienda del Generalísimo decretó la prohibición de la tenencia de papel moneda “puesto en circulación por el enemigo”. Así, miles de ciudadanos debieron ceder todo lo que tenían al Banco de España a cambio de un recibo que acreditaba la suma entregada.
Hoy son los nietos o hijos de los que sufrieron la incautación los que conservan el documento y demandan que el Estado les devuelva lo que es suyo. “Mi abuelo tenía 1.262 pesetas para comprar una casita. Cuando vino esta ley, las entregó y se quedó sin nada. Tuvieron que mandar a los hijos a casas de parientes. Cuidaban los animales y les daban un plato de comida. Fue algo tan penoso que el matrimonio se separó porque no encontraban trabajo. No merece la pena que lo olvide”, relató Lidia Jiménez, una de las impulsoras. Se estima que lo incautado ronda los 5.300 millones de euros.

Los niños robados. También en 1938 Franco autorizó al médico Antonio Vallejo Nágera a investigar las “raíces psicofísicas del marxismo”. Vallejo Nágera y Franco coincidían en el diagnóstico: era el mal que padecían los republicanos y había que evitar, como fuera, que la “infección” volviera a desparramarse por el país. Con ese designio, el jefe de los Servicios Psiquiátricos Militares empezó a experimentar con los integrantes de las Brigadas Internacionales que estaban secuestrados en un campo de concentración de Burgos y sobre las mujeres republicanas que estaban presas en una cárcel de Málaga, según pudo probar en 2008 el juez Baltasar Garzón, actualmente suspendido por haber tratado de enjuiciar los crímenes del franquismo.
Vallejo Nágera llegó a una conclusión: “La segregación total de estos sujetos desde la infancia podría liberar a la sociedad de plaga tan terrible”. Y así se hizo. Se esperó a que muchas mujeres embarazadas que estaban presas dieran a luz y se las fusiló. A otras se las separó de sus hijos al cumplir los tres años y se los llevó a instituciones como el Auxilio Social, manejado entre los falangistas y la Iglesia. A diferencia de la última dictadura argentina –donde los aparatos estatales perpetraron un plan sistemático de robo de niños–, en España se llevó a cabo bajo una aparente legalidad. En 1940, el Estado asumió la potestad de los menores huérfanos y se arrogó el derecho de dejarlos al cuidado de “personas de reconocida moralidad”.
Garzón estimó que hasta 1950 se continuaron las apropiaciones. Según el juez, unos 30 mil chicos habrían sido robados durante ese período. Pero allí no terminó esta práctica. Se calcula que esto siguió produciéndose hasta las postrimerías del régimen. En esa segunda etapa, el robo se perpetró en algunas clínicas y conventos. Las víctimas habituales eran las madres solteras, a quienes les decían que sus hijos habían nacido muertos. Pero, en realidad, los recién nacidos salían del hospital en brazos de otra familia.

Lo que falta. Rodríguez Arias insiste en que todos los crímenes vinculados a la dictadura deben ser condenados. “El gobierno está violando el Convenio Europeo de Derechos Humanos y no reconoce que se trata de crímenes contra la humanidad. No está emprendiendo una investigación oficial, efectiva e independiente y tampoco las acciones penales contra los criminales”, resaltó.
Los familiares de las víctimas de la dictadura franquista deben batallar contra una Justicia que se resiste a cumplir con sus tareas y tienen una Ley de Amnistía a cuestas que ampara a los represores. La situación les duele pero no los doblega. Hace un año que todos los jueves vuelven a la plaza de la Puerta del Sol para reclamar justicia. Están seguros de que uno de estos días la van a alcanzar.

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