Acto público de la Plataforma.
Domingo, 26 de mayo del 2013.
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Aparece con un fajo de billetes. Eran los que su padre, Ramón Grada Viejo, Ramón 'El Chato', «aunque de chato no tenía nada», corresponsal de prensa, distribuidor de periódicos y de mercancías desde la estación de ferrocarril de Trubia a los comercios de la localidad ovetense con un caballo y un carro, apasionado del fútbol, «obrero» según consta en su DNI, guardaba en un cajón. Billetes de cien, de cincuenta, de cinco pesetas. Dinero inmaculado de 1925.
«Ahora pienso que lo escondió para poder mantenernos, que era lo poco que consiguió salvar», cuenta el hijo de 'El Chato', Julio César Granda, 80 años, miembro de una de las casi 2.000 familias de toda España que esperan recibir el dinero que el Gobierno franquista les incautó en el mayor expolio perpetrado por el régimen: 5.300 millones de euros al cambio actual.
Así lo constata un papel que César encontró junto a los billetes, que acredita que, en plena Guerra Civil, el 27 de agosto de 1938, un decreto del Ministerio de Hacienda del gobierno franquista ordenó la prohibición de «la tenencia de papel moneda puesto en curso por el enemigo», según reza el Boletín Oficial del Estado.
A raíz de ese decreto, cientos de ciudadanos de todo el país tuvieron que entregar sus ahorros al Banco de España u otras entidades bancarias donde, a cambio, se obtendría un comprobante, con sello y número, que serviría más tarde para obtener la misma cantidad en moneda franquista.
Era dinero rojo, según el documento que César Granda conserva como un tesoro, una cuartilla encabezada con la frase 'Fondo de papel moneda puesto en circulación por el enemigo'. La prueba de que, el 3 de noviembre de 1938, «III Año Triunfal», Ramón 'El Chato', depositó en la sucursal del Banco Herrero en Trubia «para su entrega en el Banco de España» la cantidad de «diez mil ciento sesenta y cinco» pesetas. 10.165 pesetas del año 1938 que, según los cálculos de Julio César Granda, equivalen a «cuarenta y pico mil euros de ahora».
«Espíritu diligente»
Como él, en nombre de su padre ya fallecido, las familias de los incautados piden la restitución de su patrimonio. Familias que, tras cada comprobante amarillento, han vivido historias de quiebras, dotes de matrimonio que nunca llegaron a su destino, pequeñas fortunas malogradas. Porque fueron miles las personas que nunca pudieron canjear aquel recibo.
La causa: los requisitos para devolver el dinero eran el caldo de cultivo para el miedo a las represalias. Con un lenguaje funcionarial, el decreto franquista advertía de que el canje sería en función «del espíritu diligente» del solicitante. Además, su trayectoria política debería estar debidamente avalada, lo que suponía un eficaz sistema disuasorio para los reclamantes del bando derrotado.
Todas estas familias se unieron, en el año 2005, en la Agrupación de Perjudicados por la Incautación Franquista (APIGF), que acaba de celebrar en Barcelona su encuentro anual.
En estos seis años, la APIGF ha recogido copias de todos los recibos que certifican oficialmente el dinero que estas familias tuvieron que entregar a la fuerza. Entienden que su valor no ha prescrito. Que el documento es válido y, por eso, reclaman al Gobierno que se devuelva el dinero requisado.
Todas ellas se quedaron al margen de la Ley de Memoria Histórica, aprobada en la primera legislatura de Zapatero, y habían llegado a ser más de 2.500. El problema es que «muchos se están muriendo porque ya son mayores, y ya no podrán nunca recuperar el dinero que les incautaron», lamenta una de las impulsoras de la asociación, la catalana Lídia Jiménez.
Tres euros por peseta
Jiménez asegura que llevan años trabajando con los grupos del Congreso para lograr una iniciativa parlamentaria que les ayude. Y, de hecho, ERC y CIU solicitaron en la Comisión de Economía una propuesta para establecer compensaciones según una estimación de tres euros por cada peseta republicana incautada. Sin embargo, fue rechazada con los votos del PSOE y PP y el tema quedó aparcado. Así que, como la situación está «enquistada», la APIGF contempla llevar el caso ante la Justicia europea.
Recuerdan que países como Alemania ya han indemnizado a las víctimas de los nazis y a aquellos cuyos bienes y ahorros fueron requisados. Y a César el objetivo se le antoja a la vez «difícil y fácil»: «Es difícil porque ya pasó mucho tiempo, pero es fácil porque ese dinero tiene que estar en alguna parte. Queremos saber dónde está el dinero que Franco nos robó. Y, lo consigamos o no, hay que intentarlo. Siempre es mejor luchar, aunque mueras en la orilla».
